Iraq en venta, los especuladores de la guerra (2006)
Director: Robert Greenwald
Nacionalidad: U.S.A.
Año: 2006
Título original: Iraq for sale, the war profiteers
Género: Documental
Duracción: 75 minutos
Idioma: VO con subtítulos en castellano en archivo aparte
La tesis de Greenwald es que el amor del gobierno de George W. Bush por la privatización está, lenta pero irrevocablemente, destruyendo los ideales democráticos de transparencia y responsabilidad. Para su película, Greenwald entrevistó a presos iraquíes, militares estadounidenses, ex empleados contratados y funcionarios estadounidenses que denunciaron prácticas ilegales dentro del gobierno, como Bunnatine Greenhouse, ex encargado de contratos del Cuerpo de Ingenieros del ejército. También se sirvió de gráficos para mostrar las enormes ganancias que se embolsaron Blackwater, CACI, Halliburton y Titan, corporaciones que obtuvieron jugosos contratos para asistir a la invasión, la ocupación y la reconstrucción de Iraq. Así, Greenwald cuestionó la conveniencia de subcontratar a corporaciones dirigidas por civiles en busca de bienes y servicios necesarios para librar guerras.
El privatizar la guerra para evitar los controles de los políticos escogidos democráticamente por los ciudadanos. Los mismos ciudadanos que financian la privatización de los servicios militares con sus impuestos. El privatizar las operaciones militares fuera de la ley para proteger a los responsables políticos de posibles repercusiones. El sistema de “puertas giratorias” que permite que los directivos del Pentágono puedan ser contratados, el día después de presentar sus dimisiones, en altos cargos y como consultores de las sociedades que venden sus servicios a las fuerzas armadas. ¿Qué se obtiene? Un sistema perfecto. O casi. El único problema es la arrogancia, la corrupción y la avidez demostrada por los beneficiarios de las adjudicaciones estadounidenses en Irak.
A lo largo de los últimos tres años y medio todas las supervisiones políticas o administrativas sobre los gastos de los receptores de las adjudicaciones públicas en Irak se ha realizado desde el Pentágono; con la única supervisión de la mayoría republicana en el parlamento. Por el contrario, los demócratas que ocuparán sus asientos en el congreso y en el senado a partir de enero no tendrán problemas para iniciar investigaciones sobre las compañías receptoras de adjudicaciones. El fraude y la corrupción que se intuye resultan molestos incluso para las fuerzas armadas. Los “mercaderes de la guerra” han obtenido beneficios a sacrificio de la salud y la vida de los soldados americanos. El director de documentales Robert Greenwald acaba de producir un documental titulado “Irak en venta”, basándose en las investigaciones del diputado Henry Waxman, que a partir de enero dirigirá una Comisión de Investigación sobre el gasto público en Irak, y en las declaraciones de numerosos testigos que se han sentido decepcionados por la falta de patriotismo de las empresas para las que han trabajado.
El listado de denuncias es enorme. Algunas se remiten al principio de la guerra. Para comprender la amplitud del escándalo es necesario recordar que desde el principio de la ocupación en Irak, la Casa Blanca ha impuesto contratos sin concurso público. Los más importantes eran contratos “cost-plus”, que permitían directamente que le fuese devuelto a la compañía el total de sus gastos, sumándole a esta cantidad un porcentaje de beneficios. El incentivo a la hora de maximizar el gasto es evidente: paga el contribuyente.
¿Ejemplos? Halliburton, la empresa que dirigía el vicepresidente Dick Cheney antes de entrar en la Casa Blanca ha sido acusada de haber suministrado agua contaminada a las tropas estadounidenses para uso potable. También de haberse embolsado 200 millones de dólares para alimentos que jamás llegaron a las tropas en el terreno. Ha transportado carburante a las fuerzas armadas por valor de 2,64 dólares por galón, mientras el Departamentote Defensa de los EE.UU. ofrecía el mimo servicio a la mitad de precio. En un contrato, consiguió embolsarse 617.000 dólares para ofrecer bebidas no alcohólicas a 2.500 soldados. Una rápida división arroja 247 dólares por cabeza. Se acusa a Halliburton de mover por Irak camiones vacíos. Por todo el territorio Iraquí. Cuando se les pincha una rueda o tienen que pararse al embozarse el filtro del aceite, Halliburton ordena a los conductores que quemen el camión. Cada uno cuesta 75.000 dólares.
Las adjudicaciones para la reconstrucción han generado una situación todavía más grave. Stewart Bowen es el Director de Inspecciones designado especialmente para Irak. Se trata de una Oficina creada en 2004 para frenar las protestas que generaron los primeros escándalos. El testimonio que ofreció en octubre pasado frente a una Comisión del Partido Demócrata revelaba que una sucursal de Halliburton, la “Kellog, Brown & Root”, suministraba sus documentos contables, requeridos para realizar los controles, con un sello que indicaba que eran “derechos de propiedad reservada”. Al tratarse de una compañía privada, todos los documentos referentes al número de camiones utilizados o a los sueldos pagados, se convertían, de inmediato, en secretos comerciales. Así Bowen no podía transmitirlos a las Agencias Estatales competentes para ejercer los controles.
Poco después de los testimonios de Bowen, una nota en la ley para la financiación de los gastos militares, firmada por Bush en octubre, ha eliminado su oficina. Sólo la reciente victoria electoral de los demócratas ha permitido salvar la Oficina de Inspección para Irak. El 8 de diciembre el Congreso aprobó que se mantenga hasta octubre de 2007. Esta Oficina es la encargada de controlar adjudicaciones por valor de 32.000 millones de dólares. Hasta hoy, ha llevado a la luz pública hasta 25 casos de fraude, señalándolos al ministerio de justicia. Cuatro de ellos ya han generado arrestos.
En Irak, incluso la tortura ha generado dividendos. Tras el escándalo de Abu Ghraib, el informe redactado por el general Taguba para el Pentágono reveló la existencia de adjudicaciones otorgadas a la compañía Caci para ejercer interrogatorios. El contrato no obliga a Caci a asumir personal con experiencia o entrenamiento específico para ejercer estas tareas. De los 31 empleados, 11 no tienen ninguna experiencia. Los militares implicados en los casos de tortura, como la soldado Lynndie England o la única general mujer del ejército estadounidense, Janis Karpinski, han sido condenados y han perdido sus puestos. Por el contrario, nadie puede imputar cargos o penas al personal de Caci. Gracias a una ley que dictó el ex Vicerey de Irak, el americano Paul Bremer, los beneficiarios de las adjudicaciones estadounidenses no están sujetos al código militar americano ni a las leyes de Irak.
Datos del Ripeo:
Calidad: DVDRip
Formato de Vídeo/Códec: XviD
Vídeo Bitrate: 1139 kbit/s
Resolución: 592 x 320
Formato de Audio/Códec: 156 kbps MP3 VBR JointStereo
Idioma: VO
Subtítulos: Español (SRT aparte)
Tamaño del archivo: 700 MB
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Director: Robert Greenwald
Nacionalidad: U.S.A.
Año: 2006
Título original: Iraq for sale, the war profiteers
Género: Documental
Duracción: 75 minutos
Idioma: VO con subtítulos en castellano en archivo aparte
La tesis de Greenwald es que el amor del gobierno de George W. Bush por la privatización está, lenta pero irrevocablemente, destruyendo los ideales democráticos de transparencia y responsabilidad. Para su película, Greenwald entrevistó a presos iraquíes, militares estadounidenses, ex empleados contratados y funcionarios estadounidenses que denunciaron prácticas ilegales dentro del gobierno, como Bunnatine Greenhouse, ex encargado de contratos del Cuerpo de Ingenieros del ejército. También se sirvió de gráficos para mostrar las enormes ganancias que se embolsaron Blackwater, CACI, Halliburton y Titan, corporaciones que obtuvieron jugosos contratos para asistir a la invasión, la ocupación y la reconstrucción de Iraq. Así, Greenwald cuestionó la conveniencia de subcontratar a corporaciones dirigidas por civiles en busca de bienes y servicios necesarios para librar guerras.
El privatizar la guerra para evitar los controles de los políticos escogidos democráticamente por los ciudadanos. Los mismos ciudadanos que financian la privatización de los servicios militares con sus impuestos. El privatizar las operaciones militares fuera de la ley para proteger a los responsables políticos de posibles repercusiones. El sistema de “puertas giratorias” que permite que los directivos del Pentágono puedan ser contratados, el día después de presentar sus dimisiones, en altos cargos y como consultores de las sociedades que venden sus servicios a las fuerzas armadas. ¿Qué se obtiene? Un sistema perfecto. O casi. El único problema es la arrogancia, la corrupción y la avidez demostrada por los beneficiarios de las adjudicaciones estadounidenses en Irak.
A lo largo de los últimos tres años y medio todas las supervisiones políticas o administrativas sobre los gastos de los receptores de las adjudicaciones públicas en Irak se ha realizado desde el Pentágono; con la única supervisión de la mayoría republicana en el parlamento. Por el contrario, los demócratas que ocuparán sus asientos en el congreso y en el senado a partir de enero no tendrán problemas para iniciar investigaciones sobre las compañías receptoras de adjudicaciones. El fraude y la corrupción que se intuye resultan molestos incluso para las fuerzas armadas. Los “mercaderes de la guerra” han obtenido beneficios a sacrificio de la salud y la vida de los soldados americanos. El director de documentales Robert Greenwald acaba de producir un documental titulado “Irak en venta”, basándose en las investigaciones del diputado Henry Waxman, que a partir de enero dirigirá una Comisión de Investigación sobre el gasto público en Irak, y en las declaraciones de numerosos testigos que se han sentido decepcionados por la falta de patriotismo de las empresas para las que han trabajado.
El listado de denuncias es enorme. Algunas se remiten al principio de la guerra. Para comprender la amplitud del escándalo es necesario recordar que desde el principio de la ocupación en Irak, la Casa Blanca ha impuesto contratos sin concurso público. Los más importantes eran contratos “cost-plus”, que permitían directamente que le fuese devuelto a la compañía el total de sus gastos, sumándole a esta cantidad un porcentaje de beneficios. El incentivo a la hora de maximizar el gasto es evidente: paga el contribuyente.
¿Ejemplos? Halliburton, la empresa que dirigía el vicepresidente Dick Cheney antes de entrar en la Casa Blanca ha sido acusada de haber suministrado agua contaminada a las tropas estadounidenses para uso potable. También de haberse embolsado 200 millones de dólares para alimentos que jamás llegaron a las tropas en el terreno. Ha transportado carburante a las fuerzas armadas por valor de 2,64 dólares por galón, mientras el Departamentote Defensa de los EE.UU. ofrecía el mimo servicio a la mitad de precio. En un contrato, consiguió embolsarse 617.000 dólares para ofrecer bebidas no alcohólicas a 2.500 soldados. Una rápida división arroja 247 dólares por cabeza. Se acusa a Halliburton de mover por Irak camiones vacíos. Por todo el territorio Iraquí. Cuando se les pincha una rueda o tienen que pararse al embozarse el filtro del aceite, Halliburton ordena a los conductores que quemen el camión. Cada uno cuesta 75.000 dólares.
Las adjudicaciones para la reconstrucción han generado una situación todavía más grave. Stewart Bowen es el Director de Inspecciones designado especialmente para Irak. Se trata de una Oficina creada en 2004 para frenar las protestas que generaron los primeros escándalos. El testimonio que ofreció en octubre pasado frente a una Comisión del Partido Demócrata revelaba que una sucursal de Halliburton, la “Kellog, Brown & Root”, suministraba sus documentos contables, requeridos para realizar los controles, con un sello que indicaba que eran “derechos de propiedad reservada”. Al tratarse de una compañía privada, todos los documentos referentes al número de camiones utilizados o a los sueldos pagados, se convertían, de inmediato, en secretos comerciales. Así Bowen no podía transmitirlos a las Agencias Estatales competentes para ejercer los controles.
Poco después de los testimonios de Bowen, una nota en la ley para la financiación de los gastos militares, firmada por Bush en octubre, ha eliminado su oficina. Sólo la reciente victoria electoral de los demócratas ha permitido salvar la Oficina de Inspección para Irak. El 8 de diciembre el Congreso aprobó que se mantenga hasta octubre de 2007. Esta Oficina es la encargada de controlar adjudicaciones por valor de 32.000 millones de dólares. Hasta hoy, ha llevado a la luz pública hasta 25 casos de fraude, señalándolos al ministerio de justicia. Cuatro de ellos ya han generado arrestos.
En Irak, incluso la tortura ha generado dividendos. Tras el escándalo de Abu Ghraib, el informe redactado por el general Taguba para el Pentágono reveló la existencia de adjudicaciones otorgadas a la compañía Caci para ejercer interrogatorios. El contrato no obliga a Caci a asumir personal con experiencia o entrenamiento específico para ejercer estas tareas. De los 31 empleados, 11 no tienen ninguna experiencia. Los militares implicados en los casos de tortura, como la soldado Lynndie England o la única general mujer del ejército estadounidense, Janis Karpinski, han sido condenados y han perdido sus puestos. Por el contrario, nadie puede imputar cargos o penas al personal de Caci. Gracias a una ley que dictó el ex Vicerey de Irak, el americano Paul Bremer, los beneficiarios de las adjudicaciones estadounidenses no están sujetos al código militar americano ni a las leyes de Irak.
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Idioma: VO
Subtítulos: Español (SRT aparte)
Tamaño del archivo: 700 MB
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